La gobernanza distribuida organiza las decisiones sobre IA entre los ámbitos que cuentan con información y responsabilidad para revisarlas, conservando claro quién responde por cada parte. Por ejemplo, una institución puede establecer condiciones generales sobre privacidad o contratación de servicios; un programa puede traducirlas a necesidades disciplinares; y un curso puede decidir si la IA generativa propondrá ejemplos, comentará un borrador o no intervendrá en una actividad concreta. La distribución exacta depende de las atribuciones y procesos de cada institución.
Distribuir no significa diluir responsabilidades ni descartar reglas comunes. Exige aclarar quién responde por cada decisión, qué criterios comparte el conjunto y cómo se revisan los acuerdos cuando cambia la tecnología, la evidencia o una necesidad docente. Puede combinar principios generales con criterios revisables, en vez de pretender que una lista fija de herramientas resuelva todos los casos. Dos instrumentos la acompañan: el Modelo de madurez institucional para decidir por dónde empezar y los Indicadores de seguimiento para conversar sobre tendencias.
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